Luego de que el Gobierno oficializara un nuevo registro para la exportación de carnes en donde las empresas deberán realizar una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), para el campo se trata de “un copy y pegue” de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) que funcionaron para trabar el comercio con el gobierno de Cristina Kirchner. Por ello, desde la Mesa de Enlace se harán consultas a los productores de base para que decidan qué quieren hacer. No se descartan medidas de protesta.

El Gobierno viene de exigir ayer más requisitos a los exportadores de granos, carne y leche y hoy agregó un registro para exportar carne que funcionará como una declaración jurada donde, además, la Secretaría de Comercio Interior estará controlando el cumplimiento de acuerdos de precios y abastecimiento.

“Nos dijeron que no iban a haber medidas restrictivas que atenten el desarrollo y el crecimiento productivo agropecuario y que se nos iba a consultar primero cualquier medida que se quiera implementar”, señaló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“El diálogo con el Gobierno no funcionó. Nos está empujando a tomar medidas de fuerza, de protesta. Ahora entramos en una fase de consultar a nuestras bases para ver cómo continuamos. Hay que tener en cuenta que es un momento muy especial por la pandemia y por la situación de la Argentina. No está en nuestra esencia perjudicar a la sociedad pero tampoco queremos que nos perjudiquen a nosotros”, añadió.

“Tenemos que tomar una decisión de cómo seguir, qué herramienta tomar. La consulta es qué quieren las bases”, apuntó el dirigente.

Chemes mostró su desazón con el diálogo con el Gobierno porque, tras el encuentro de febrero pasado con el presidente Alberto Fernández, donde el mandatario descartó trabas sobre el sector, se está avanzando en la dirección contraria. “El camino del diálogo que vemos no es bueno, no sirve con un hecho consumado”, apuntó.

Para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la medida es “una pésima señal, nefasta por donde se la mire”.

“Resucita un mecanismo que se utilizó en el pasado para restringir las exportaciones y castigar a los productores con desastrosas consecuencias para el comercio, la producción y la reputación de la Argentina como proveedor confiable en los mercados internacionales”, afirmó.

Para el titular de la SRA, en el pasado esa medida no sirvió para controlar los precios internos. “Lejos de bajar, subieron como consecuencia de una menor oferta para el consumo. Es increíble como nuestros funcionarios no aprendan de los errores del pasado y vuelven a cometerlos una y otra vez. Es grave, además, porque muestra que no nos escuchan y que no tienen ninguna voluntad de diálogo”, señaló Pelegrina.

En tanto, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro se expresó a través de las redes sociales. “El intervencionismo erosiona la confianza. Medidas como estas irritan por su burocracia y discrecionalidad política. Ya hemos probado que los productores no generan inflación; para corregir la distorsión de precios, el control debe aplicarse a toda la cadena”, señaló en Twitter.

Fuente: Diario La Nación