“Vamos directo al cierre”

“Si se aprueba este proyecto de ley nos permitiría usar del 20% al 25% (de la capacidad), es decir trabajar dos meses al año. Vamos directo al cierre”. Así lo planteó Víctor Accastello, subgerente de ACA Bio, la productora de bioetanol de maíz ubicada en Villa María y en la que se invirtieron US$150 millones “para darle valor agregado al maíz”. La advertencia la hizo ante los integrantes de la Comisión de Energía de Diputados que comenzó a tratar el proyecto kirchnerista para una nueva ley de biocombustibles.

De la reunión de comisión participaron representantes de empresas y cámaras del sector, la mayoría de quienes se manifestaron en contra de la iniciativa que ingresó hace una semana y para la que el oficialismo pretende un trámite express de manera de contar con nueva norma antes del 12 de mayo, cuando vence la que rige actualmente. Los legisladores que se oponen buscan demorar el tratamiento apelando a algunas herramientas del mecanismo de funcionamiento. El número de votos para aprobarlo en sesión está porque el kirchnerismo consiguió la adhesión de representantes de provincias azucareras.

La iniciativa reduce a 5% la mezcla obligatoria del biodiésel de soja en el gasoil, desde el 10% actual. Una posibilidad que empezó a circular en las últimas horas es que podrían revisar ese número y darle algunos puntos más como una forma de quitarle argumentos a los opositores. La clave está en la discrecionalidad con que puede actuar la Secretaría de Energía para bajar o subir los porcentajes que fija el proyecto. En tanto, en etanol de caña de azúcar y maíz se mantiene el 12% actual, aunque Energía lo podría bajar al 9%. Denuncian que una eventual baja sería a expensas de las firmas de etanol de maíz.

En su intervención Accastello sostuvo que la inversión de ACA BIO –que inauguró en 2014 la entonces presidenta Cristina Kirchner- fue hecha con “ahorro nacional” para lograr “la escala y la eficiencia” que exige el mundo “competitivo”.

“No resultaba hacer 60 pequeñas plantas que es el número de nuestras cooperativas asociadas, por eso hicimos la más grande del país con capacidad para producir tres puntos porcentuales del bioetanol que se consume para el corte”, describió.

En esa línea fue donde explicó que la reducción de corte que plantea la propuesta les permitiría usar un cuarto de la capacidad instalada. “Necesitamos al menos el 65% para funcionar y, además, buscar destinos de exportación. No es fácil, pero con tiempo y trabajo se puede conseguir”, resumió Accastello.

También expuso ante los legisladores Manuel Ron, presidente de Bio4 -empresa fundada en Río Cuarto por 28 socios empresarios agropecuarios- que produce bioetanol de maíz y alcohol como insumo para otras industrias. Coincidió en alertar que los cambios que introduce la norma que se analiza perjudican a las empresas del sector: “Es un momento de quiebre en el que se define si habrá nuevas inversiones; si es esto lo que se aprueba no vendrán más. Eso es así. Confiamos que no se avalará una suba de gases de efecto invernadero, en que no iremos a contramano del mundo”.

Ron insistió con la necesidad de prorrogar la actual ley mientras se sigue estudiando una nueva y enfatizó la potencialidad del sector pidiendo que se tenga en cuenta que cerrar la posibilidad de que ingresen nuevos jugadores significa no mirar las diferentes materias primas que se pueden utilizar.

Ese mismo argumento dio Paulo Ares, representante por Coninagro, quien además de sostener que hay que prorrogar el marco en vigencia pidió atender la “diversidad agrícola, pensar en los otros tipos de producciones que se podrían sumar” e incluir cortes diferenciales por provincias.

El único apoyo completo al proyecto fue el de Federico Pucciarello, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (pymes de Santa Fe), quien insistió en que una “prórroga corta no sirve; las pymes no tienen espaldas para estar paradas un mes más”. El resto que avaló algunos aspectos ratificó que no se debe bajar el corte de biodiésel. En el propio sector quedaron rispideces después de las exposiciones en la comisión.

Fuente: La Nación