Este jueves 28 por la mañana en la sala Ceibo B del predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina tuvo lugar la formalización de un convenio de colaboración de esa entidad con la Universidad Austral. En ese marco, la jornada se cerró con la presentación del caso que tiene como eje a la ciudad de Rafaela, elaborado a través de la Asociación Internacional de Alimentos y Agronegocios (IFAMA), ya lo había expuesto en la 32° Conferencia Mundial de esa institución celebrada este año en Costa Rica.

Fue así que bajo el título «El cambio de regulación de fitosanitarios en Rafaela, Provincia de Santa Fe», se detallaron las instancias atravesadas por los productores agropecuarios de la ciudad durante el proceso de debate de la ordenanza de uso y aplicación de fitosanitarios, que lograra una actualización en diciembre pasado.
De lo que era una prohibición de aplicaciones en los primeros 200 metros del límite periurbano, se pasó con la nueva normativa a una restricción en los primeros 50 metros, pero con la habilitación en la utilización de productos orgánicos en los siguientes 150 metros, principalmente.

En representación de la Sociedad Rural de Rafaela estuvo la Ing. Agr. June Thomas, integrante de la subcomisión GAMA de la SRR, quien destacó el rol fundamental de nuestra institución en la concientización, difusión científica y comunicación del tema para lograr mayor claridad a la hora de determinar decisiones por parte del Concejo Municipal.

También expusieron Marcos Delfabro , por parte de Productores Unidos y Fernando Belinde, también miembro de la Comisión Directiva de SRR quienes comentaron los pasos seguidos para esclarecer las necesidades y responsabilidades de aquellos que producen alimentos en la ciudad, del impacto económico y social de esto, pero a la vez de la conciencia ambiental con la que se trabaja.

Cabe destacar que la tarea de vinculación científica que la Sociedad Rural de Rafaela realizó junto al INTA Rafaela, Casafe y a otras instituciones siempre se basó en la difusión de conceptos surgidos del conocimiento comprobado, para que a partir de ello se pueda legislar a conciencia y con el criterio necesario para la continuidad de la producción en el entorno de la ciudad, protegiendo la salud de las personas y mejorando el vínculo con la población.