Luego de que el Gobierno decidiera limitar las exportación de maíz del ciclo 2020/2021 exigiendo requisitos para anotar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), como la constancia de la compra de la mercadería y los barcos nominados, en la cadena del maíz expresaron su “sorpresa” por la disposición oficial y anticiparon que, si bien no afectará la comercialización de la campaña 2021/2022, que se está sembrando, se trata de medidas que “siempre generan dificultades”.

En tanto, analistas privados temen por el impacto que pueda haber sobre la superficie del cereal que recién lleva poco más del 21% implantado.

“Es una limitación, no un cierre”, señaló Alberto Morelli, presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar). Morelli expresó su “sorpresa” por la decisión oficial en función de los números que maneja el mismo Ministerio de Agricultura. En rigor, más allá de que se registró el saldo exportable por 38,5 millones de toneladas, para la cartera agrícola quedará como stock final de 2020/2021 6,53 millones de toneladas. “Por los números del Ministerio, no sería necesario”, apuntó Morelli. En la cadena en general sostienen que la dinámica que tomen los precios será un indicador que verán los productores para tomar decisiones sobre la campaña.

Según Morelli, es “temprano” para ver si se afectará la siembra actual, que ya cubre el 21,1% de los 7,1 millones de hectáreas previstos por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para grano comercial. “Es temprano para decir que va a afectar (la siembra)”, indicó. Recordó que la “mayoría” de los insumos del cereal están comprados, aunque reconoció que podrá haber casos donde los productores se sientan afectados y tomen decisiones con respecto a la implantación.

“Esta resolución no afecta la comercialización de la campaña de maíz que estamos sembrando”, dijo. Señaló que la entidad siempre solicita tener los mercados abiertos porque, indicó, medidas como las tomadas “siempre generan dificultades” que terminan impactando en algún momento sobre el área.
Por su parte, Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), consideró como “muy negativo” el anuncio de la medida oficial. “Va en contra de lo que el mismo Gobierno venía hablando con las entidades, es una nueva medida de intervención que lo que hace es dar incertidumbre al productor que está sembrando, no sabe con qué precios se va a encontrar”, dijo. “Es una señal muy negativa para el productor”, agregó. Afirmó que “la Argentina necesita dólares” mientras el Gobierno hace un “autoflagelo”. Precisó: “Le impedimos al sector que los puede generar (a los dólares)”.

Siembra

Para Sebastián Salvaro, analista de mercados de AZ Group, la medida genera “desconfianza” entre los productores por el manejo que hará el Gobierno en la campaña en curso.
“Crece la desconfianza de los productores acerca del manejo político de este cereal en la nueva campaña y muchos se preguntan si efectivamente va a aumentar el área sembrada de maíz en la Argentina, como se estimaba, con este escenario. Todavía queda una porción de maíz temprano por implantar y el 100% de tardío y de segunda”, dijo.
“Hay muchas compras de insumos ya hechas, pero también hay que considerar que en algunas zonas falta agua en el suelo para sembrar, que los precios de los fertilizantes han subido considerablemente y que aún queda 20% de la semilla por vender. La combinación de estos factores, más el factor político, puede volcar, una vez más, a los productores a sembrar otros cultivos que no tengan la nefasta categoría de bienes culturales impuesta al maíz, al trigo y a la carne por el actual ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una equivocación grave para la economía del país, que estaba diversificando su matriz de ingresos agrícolas aprovechando el buen momento que vive el mercado internacional del cereal”, agregó.

Salvaro opinió: “No se entiende la razón de esta nueva restricción, que se suma las vigentes para el trigo, cuando los cálculos objetivos entre el volumen de la cosecha y la demanda interna muestran un excedente de 6/7 millones de toneladas que se podrían seguir embarcando sin comprometer el suministro doméstico, y evitar los perjuicios que generan las medidas intervencionistas”. El analista dijo que desde el 28 de septiembre pasado, cuando comenzaron a circular versiones de un cierre de exportaciones, el cereal disponible bajó 8 dólares la tonelada.

En tanto, el diputado Alberto Asseff, del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, señalo: “Los mercados venden hoy lo que realmente tienen y también lo que tendrán, tanto por si lo compran o lo producen luego de venderlo. Es una forma de regulación del mercado en todo el mundo, pero como en la Argentina no tiene plan económico ni seguridad jurídica, se da una disparada de las declaraciones juradas por miedo al cierre del negocio exportador o al aumento del valor de las retenciones”.

Lamentó que “se intente controlar el comercio a futuro, con la excusa de preservar el alimento”, y alertó que la medida produce la “baja en la producción”.

Fuente: Fernando Bertello- Diario La Nación