El campo ya declaró “fallido” al Plan Ganadero

Fue el mejor dato del año y, sin embargo, nadie tuvo mucho ánimo para el festejo: el récord de ingreso de divisas por agroexportaciones -u$s16.659 millones en el primer semestre- se da en un contexto en el que parece inevitable un nuevo choque entre el Gobierno y el campo.

Con el ruido de fondo que generaron las últimas medidas intervencionistas por parte de los funcionarios, y las amenazas de más paros exportadores del lado de los productores, está ganando intensidad la convocatoria a una nueva protesta nacional, aprovechando el feriado del 9 de julio.

Y si bien no es la primera vez que el Gobierno deberá ver un repudio masivo a sus políticas agrícolas -que empezaron con la fallida reestatización de Vicentin hace un año-, esta vez hay un ambiente más caldeado, tanto por la acumulación de desavenencias como por el contexto del año electoral.
La gota que terminó por convencer a la dirigencia gremial agropecuaria de radicalizar su postura fue la situación de la carne. El Gobierno había planteado que el cierre exportador sólo sería temporario y con el ánimo de ordenar al sector para presentar un plan agropecuario que llevara la producción desde su nivel actual de 3,3 millones de toneladas hasta los 5 millones de toneladas.

Pero la visión desde el otro lado del mostrador es que el plan preanunciado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no es más que una excusa política para cumplir el verdadero objetivo, que es intervenir en todos los eslabones del negocio cárnico.

Carne con pronósticos de desastre
Fue especialmente elocuente al respecto Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural y ex ministro en la gestión macrista, que hizo un verdadero llamamiento a la resistencia y declaró al plan ganadero como muerto antes de nacer.

“Con el derrumbe del precio del novillo gordo, el plan ganadero que quería el gobierno ya fracasó. Nos tenemos que plantar hasta que abran las exportaciones. Luchemos contra los inútiles que nos quieren fundir”, arengó el dirigente, de fuerte prédica entre los grupos de productores más enojados con el Gobierno.

Los argumentos críticos hacia la política cárnica se fundamentaron en los datos de los últimos días. El mercado de Liniers está sufriendo un desplome, provocado por la incertidumbre y los desincentivos.

Hubo una seguidilla de días en que se registraron niveles mínimos de entrada de animales, y el volumen de ventas es escaso, ante la incertidumbre de los empresarios que no tienen claro cómo seguirá el proceso intervencionista.

Fuentes del sector indican que la industria frigorífica -que todavía no tiene los ROEs para exportar- está semiparalizada, con suspensiones de turnos. Hay carne en contenedores cuyo destino está indefinido y a la espera de decisiones de funcionarios. Los más pesimistas ya hablan de una pérdida de exportaciones de hasta u$s1.500 millones.

Y, para peor, se trata de carne que no tiene demanda en el mercado interno, con lo cual ni siquiera queda el “argumento consuelo” de que el Gobierno logró mejorar la oferta doméstica. Y los precios caen en picada: las vacas más grandes y de mayor rendimiento tuvieron un desplome de 25% respecto del momento previo al cierre exportador, lo cual está llevando a que la rentabilidad de los criadores, que ya era complicada, ahora haya ingresado en niveles críticos.

La primera reacción de estos productores es un freno en las inversiones, es decir una conducta absolutamente opuesta a la que, según Kulfas, se estaba tratando de incentivar. Los más pesimistas ya están hablando de una reducción en el stock vacuno del país, que podría caer en niveles parecidos a los de 2020, cuando se perdieron unos dos millones de cabezas.

Un reclamo histórico de los expertos es que faltan incentivos para que los productores engorden los animales hasta un peso de 430 kilos, en vez de enviarlos a faena cuando alcanzan los 320, como se hace ahora para acortar los tiempos en el ciclo del negocio y protegerse mejor de la inflación.

Es un argumento que, en los papeles, el Gobierno comparte -Kulfas prometió incentivos impositivos con ese objetivo- pero la realidad es que hoy el ánimo entre los productores va más bien en el sentido opuesto: una mayor faena de vacas, que implicará a futuro una menor cantidad de terneros que engordar.

Expertos como Ignacio Iriarte anticipan que, de continuar la actual política, “se volcará al mercado interno todos los meses unas 30.000 toneladas de vaca vieja y novillo, que no cubren las exigencias de los consumidores, pero que algún daño harán”. Y especula con que las consecuencias negativas son de tal magnitud que “no sería extraño que en los próximos días se revise este acuerdo, cuando autoridades e integrantes de la cadena de la carne vayan tomando conciencia del estrago”.

La mayor crítica que se hace desde el campo es que menores precios para los productores ganaderos no implican una caída de precios en los mostradores de las carnicerías. Más bien al contrario, los pronósticos apuntan a futuras subas.

El precio del novillito, en términos reales, es hoy un 27% más caro que en noviembre del año pasado. Y los expertos advierten que en la medida en que la disponibilidad de carne vacuna disminuya, habrá un sector de la sociedad que convalidará aumentos, porque no estará dispuesta a bajar su ingesta por debajo de los 45 kilos per cápita.

Iriarte agrega que, además, un efecto de corto plazo será que la caída en el precio de la hacienda liviana sea aprovechada por los carniceros para recomponer la rentabilidad perdida. Ergo, el objetivo de bajar la carne de consumo interno no ocurrirá.

Por otra parte, toda la polémica en torno a las exportaciones resultó una buena oportunidad para que las agremiaciones volvieran a hacer lobby por el tema impositivo. Por caso, Carbap hizo circular en las redes un video en el que recuerda que los impuestos equivalen al 28% del precio de la carne al público.

Intercambio de golpes
Mientras tanto, en “la interna del campo” se imponen los sectores más predispuestos a mostrar su insatisfacción mientras las dirigencias que se han opuesto a los paros tienen cada vez mayores problemas para contener a sus bases, a quienes no les convence el argumento de que se firmó el acuerdo del nuevo plan agropecuario “para evitar males mayores”
Lo cierto es que, en vez de la distensión que el Gobierno dice buscar, todo apunta a una relación cada vez más tensa.

El clima ya venía caldeado por los debates sobre políticas intervencionistas y los precios de los alimentos, sobre todo cada vez que algún referente del Gobierno argumenta en favor de subir las retenciones o encontrar la forma de “captar rentas extraordinarias”. Y en los últimos días se intensificaron las señales hostiles de ambos lados.

El presidente Alberto Fernández hizo su contribución con sus controvertidas declaraciones sobre la necesidad de darle un uso social a los grandes predios desocupados que tendrán un destino de herencia. Una señal que muchos interpretaron como un guiño a las ocupaciones de terrenos, ya sea para asentamientos de viviendas como para la ocupación por parte de productores sin tierra. De hecho, después de esas declaraciones, hubo incidentes por ocupaciones de terrenos de Santa Fe y Chaco.

Ante un campo que -ya desde el caso Vicentin y ante la sospechosa ola de ataques a los silobolsas- está hipersensible con el tema del respeto a la propiedad privada, empezaron las protestas de manera cada vez más explícita. Fue un dato político, por ejemplo, la suspensión de un acto del Presidente en Pergamino, cuando los funcionarios detectaron que sería recibido con un acto de repudio.

Los contragolpes se están haciendo más rápidos. Por ejemplo, en las críticas públicas al avance estatal sobre la hidrovía del río Paraná. Al argumento kirchnerista que habla de una recuperación de la soberanía fluvial, los productores cerealeros respondieron que se puede abrir una fase de menor calidad de gestión y de corrupción en el cobro del “peaje” a los 4.000 buques que todos los años llegan hasta los principales puertos.

Por otra parte, la Mesa de Enlace, sabedora de que la mayoría de las propuestas sobre políticas agrícolas surgen en el sector kirchnerista pero no son compartidas por las gobernaciones de las provincias agrícolas, intensificó su presión y pidió una serie de entrevistas para que los gobernadores se manifiesten explícitamente sobre los temas más polémicos.

¿Le sirve al Gobierno pelearse con el campo?
Del otro lado del mostrador, los sectores más radicalizados del Gobierno perciben la protesta del campo como una oportunidad política: los medios afines al oficialismo ponen de manifiesto que quienes lideran la protesta no son representativos de todo el sector, sino que se trata de grupos minoritarios ligados al sector político de Mauricio Macri.

Y, por otra parte, reafirman su discurso sobre que en un momento de precios excepcionales en el mercado internacional, los productores constituyen un grupo privilegiado que -a diferencia de los sectores fundidos por la pandemia- deben resignar rentabilidad como contribución a la reactivación de la economía.

Es un argumento que tiene llegada al sector militante del kirchnerismo, pero que preocupa a los segmentos más moderados de la coalición, en particular a aquellos que tratan de congraciarse con la clase media, como el liderado por Sergio Massa. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados ha centrado el protagonismo en el alivio del impuesto a las Ganancias y busca ser el interlocutor del Gobierno con las empresas.

Pero sobre todo, lo que ha quedado en evidencia es que a quienes les toca “jugar de local” -es decir, a Omar Perotti, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, gobernadores, respectivamente, de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- esta situación de tensión les resulta particularmente incómoda.

Por lo pronto, han tomado distancia rápidamente de las medidas más controvertidas, en particular el cierre exportador de la carne. No solamente la han criticado de manera explícita, sino que, además, han repetido argumentos de los productores, en el sentido de que “se cambian las reglas de juego”.

Y en las últimas ocasiones en que recibieron la visita de Alberto Fernández, aunque hubo gestos amables y sonrisas para la foto, le hicieron saber que no existía ninguna chance de poder llegar a acuerdos electorales para compartir listas de candidatos con el kirchnerismo en las próximas legislativas.

Lo cierto es que el propio Alberto Fernández ha dejado en claro varias veces que si algo no quiere hacer es reeditar un conflicto a gran escala como el que le tocó vivir con la célebre resolución 125, en los días en que era jefe de gabinete de Cristina Kirchner.

El ahora Presidente no habla, como hacía Cristina en aquellos días, de un “intento destituyente” por parte de los productores que cortaban rutas. Y una buena parte de la dirigencia peronista, con las encuestas en la mano, sabe que las protestas exceden a un grupo reducido de terratenientes sino que son la expresión de la clase media rural.

Ese sector social es formador de opinión en esas provincias y ha demostrado que, cuando siente amenazado su estilo de vida, tiene una capacidad de convocatoria y movilización importante.

Las protestas de los últimos días y el acto que se está preparando para el 9 de julio son un motivo de preocupación para Alberto y el sector moderado de la coalición. Pero aun así, la dinámica política lo está llevando a la pelea. Con una inflación de 48% y una acuciante necesidad de dólares, no puede dejar de aplicar la fórmula de capturar la rentabilidad del campo.

Es la lógica de la campaña electoral. Y todo indica que, a medida que se acerca la fecha de votar, ni el Gobierno ni la dirigencia rural podrán evitar que el clima de tensión se incremente hasta el punto de que los intercambios retóricos dejen lugar a medidas de fuerza como paros de comercialización, que serán contestados por nuevas medidas de intervención.

FUENTE: DIARIO CASTELLANOS RAFAELA