Fue en un encuentro encabezado por los ministros de Desarrollo Productivo y de Justicia y Seguridad, junto con representantes de Coninagro, Carsfe y la Federación Agraria. Se trazaron líneas de trabajo y se propuso la conformación de mesas locales.
Las recientes medidas sobre mayores controles a la exportación tienen dos miradas. Por un lado, la necesidad de ordenar y transparentar la actividad comercial en un sector cuyos mismos actores venían denunciando prácticas que atentaban contra la competencia leal del mercado, algo que -a priori- se recibe con buenos ojos. Por el otro lado, está claro que una vez armado el mecanismo de control, todo queda sujeto al verdadero objetivo de quien lo administre.
En este sentido, la historia reciente es un testigo más que elocuente de los efectos que puede llegar a tener
en la actividad este tipo de controles a los Registros de Operaciones de Exportación, cuando el objetivo no es
precisamente buscar una mayor transparencia.
La duda pasa por saber cómo se implementarán estos controles y cual es la verdadera finalidad que persigue
este nuevo registro para los exportadores de carnes.
Sin embargo, la primera certeza que tenemos es que, más allá de lo que efectivamente suceda, lo que
primero que juega para el mercado son las expectativas, esto es, aquello que se espera podría suceder, dadas las
condiciones actuales. En este punto no solo juegan las expectativas de los actores locales sino también las de
los clientes del exterior que observan expectantes qué rumbo puede llegar a tomar Argentina para consolidar
las relaciones o limitar riesgos, desarrollando otros mercados.
Como todos recordaremos, el anterior Registro de Operaciones de Exportación (ROE), creado en enero
de 2006 y endurecido a partir del 2009, terminó retrayendo el comercio exterior de carnes a menos de 200 mil toneladas anuales por al menos un lustro.
Cientos de plantas fueron cerradas en medio de un período de profunda desinversión y pérdida de fuentes de trabajo. En materia de stock ganadero, el país perdió cerca de 10 millones de cabezas que, al día de hoy, solo se ha logrado recuperar menos de la mitad de lo liquidado.
En concreto, más allá de cómo termine implementándose esta nueva Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) -herramienta reversionada de los antiguos ROE- lo que verdaderamente importa para la economía real es qué efectos tendrá sobre los precios de las carnes, las exportaciones y el devenir del negocio ganadero en general.
En este sentido, las expectativas juegan un rol clave en la dinámica del negocio.
En lo inmediato, el primer efecto que estamos viendo es la retracción de parte de la demanda. ¿Qué demanda?
En principio, aquellos operadores cuyas cuentas no se encuentran plenamente claras y ante la amenaza de
un control más estricto, optan por retirarse -al menos temporalmente- del negocio. Esta menor demanda se
vio claramente reflejada durante la última semana en el derrumbe de los precios de la vaca, mercadería
orientada casi exclusivamente al canal exportador, con destino a China. En efecto, el valor promedio de la vaca,
en todas sus categorías, cayó durante la última semana un 13% en el Mercado de Liniers.
No obstante, si esto contribuye a depurar el mercado encontrando un nuevo equilibrio de precios, no debería
generar mayores complicaciones para la actividad. Sin embargo, tampoco generaría el efecto buscado a través
de estas medidas de contener la suba de los precios internos limitando una mayor escalada inflacionaria.
Claramente, este tipo de mercadería no es la que habitualmente consumimos los argentinos por lo cual,
una caída en los precios de la vaca no debería generar efecto alguno -al menos de manera directa- sobre
los precios al mostrador, aunque indefectiblemente redundara en un menor ingreso para el productor, en
uno de los momentos de mayor salida estacional de este tipo de hacienda.
En el mediano plazo es donde tal vez podamos ver algún efecto temporal de mayor oferta de hacienda canalizada hacia el mercado interno, con una consecuente moderación de los precios.
Concretamente, la incertidumbre generada en torno al negocio exportador, podría llegar a desincentivar
las invernadas largas tendientes a producir novillos pesados y, al limitar los riesgos a través de ciclos más
cortos, obtener mayor cantidad de novillitos livianos aptos para consumo doméstico. Sin embargo, este no
será más que un “efecto de frazada corta”, mayor oferta hoy a expensas de menor producción futura.
Esto también es historia conocida. El resultado, mayor faena de animales jóvenes, menor producción y
reducción de la oferta total de carnes que, a la larga, se termina trasladándose a precio.
Sin embargo, a largo plazo, no es solo este último punto el desencadenante de lo ya conocido. En un
mercado intervenido no existen reglas claras, no existe previsibilidad, algo esencial para toda actividad, pero
en especial para la actividad cuyos ciclos productivos involucran varios años hasta poder monetizar el
producto final. En ganadería, la desinversión de hoy se reflejará en resultados recién a partir de los dos años.
Del mismo modo que una corrección, demandará igual lapso en verse plasmada.
Sin duda alguna la política continúa moviéndose en la inmediatez mientras que los ojos del productor siguen
mirando el horizonte, allí donde verdaderamente se expresan los frutos del esfuerzo diario. Es quizás en ese
desencuentro de miradas donde se esconde la mayor grieta que existe entre la política y la producción.
FUENTE: ROSGAN
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