El gobierno argentino ha tomado una decisión que se irá aplicando paulatinamente: en un lapso no muy lejano prohibirá por completo el uso en el país del cuestionado insecticida Clorpirifós en todas sus formulaciones.

“La medida se irá implementando de manera paulatina. En una primera etapa se prohibirá la importación del principio activo y de los productos formulados a base de Clorpirifos. Luego se prohibirá su elaboración en el país y por último su comercialización”, dijeron a Bichos de Campo fuentes que están al tanto del plan del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para avanzar en esta prohibición. Ese organismo es el encargado de las regulaciones sobre el mercado de agroquímicos.

Se comenzará así a saldar un largo debate en torno de este producto, cuyo uso es bastante difundido en los sectores productivos de la Argentina, ya sean cultivos extensivos, hortícolas, en la vitivinicultura y en la forestación. También se usa bastante en jardinería.

Este debate incluso dividió al gobierno. Para meter presión a favor de este prohibición, el Ministerio de El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, realizó en diciembre de 2020 un seminario para analizar los usos e impactos del insecticida clorpirifos en el país, donde se expusieron todos los peligros que implicaba el uso de esa sustancia.

En el Senasa, en tanto, se lo ha catalogado como un producto de Clase II, es decir moderadamente tóxico. Los formulan varias empresas localmente a partir del principio activo que es importado.

El clorpirifós es un material organofosforado que se emplea para el control de numerosos insectos en variados cultivos, como el trigo y la soja. Fue registrado por primera vez en 1965 y comercializado por Dow Chemical Company bajo el nombre comercial Dursban y Lorsban. Con el correr de los años se transformó en el insecticida más utilizado, pues combate una serie de plagas que afectan a los cultivos, como cochinillos, moscas blancas, trips, orugas y escarabajos.

Con el correr de los años, a medida que se fue demostrando sus efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente, se lo había prohibido para uso domiciliario y también como en la industria alimentaria. En la Argentina, el Clorpirifós fue prohibido para su uso domiciliario a través de la Disposición 2659/2009 del ANMAT y la Resolución 456/09 del Ministerio de Salud.

De todos modos, no está claro el alcanzce de dichas prohibiciones y hoy el insecticida puede ser adquirido muy fácilmente hasta en las plataformas de comercio online.

Ahora la idea dentro del Senasa es sacarlo de toda la cancha, no solo para hacer frente a la presión interna sino por el peligro de que la Argentina puede verse afectada en los mercados si se detectan residuos del plaguicida en algunos alimentos exportados. En la Unión Europea, uno de los clientes principales de los alimentos argentinos, hubo un intenso debate sobre este asunto y finalmente el químico fue prohibido totalmente el año pasado.

El bloque comunitario dispuso además que a partir del 13 de noviembre de 2020 el límite máximo de residuos permitido para alimentos de los insecticidas clorpirifós y clorpirifós-metilo sea de apenas 0,01 parte por millón, es decir, prácticamente nulo. Eso podría dejar off side algunas exportaciones argentinas.

Aquí en la Argentina habría cierta sobrevida para ese producto. “Se estima que todo el proceso abarcará poco más de un año pero ya está en marcha el proceso”, comentó una fuente. Luego es usual que se demore un tiempo en liquidar los stocks.

Hay bastante consenso, en sectores científicos, que el uso de este pesticida es bastante riesgoso. Ante una exposición prolongada, se afirma que ataca el sistema nervioso provocando desde incoordinación motora hasta la muerte por asfixia. También puede causar retraso en la maduración embrionaria; deterioro del crecimiento y de la reproducción; cambios comportamentales y neurológicos; deformidades y mortalidad a largo plazo. Es considerado además un factor cancerígeno.

Pero además provoca daños en el ambiente. El insecticida “tiene mucha facilidad para diseminarse en el ambiente”, según contó meses atrás a Página/12 Melina Álvarez, una doctora en Biología, luego de la publicación de su investigación en la revista del rubro “Environmental Toxicology and Chemistry”. Junto a otros investigadores comprobó que el agua de Claromecó y Tres Arroyos (Buenos Aires) contenía niveles de la sustancia muy por encima de lo recomendado.

“Lo primero que tenemos que pensar es que este insecticida se aplica más de una vez en los cultivos y, actualmente, se lo combina con otros compuestos para mejorar la eficiencia. Los productores, en general, no respetan las buenas prácticas agrícolas. El asunto es que como las dosis de clorpirifos son tan excesivas terminan impregnadas en la tierra. Luego, la historia es conocida: existen muchos factores que conducen a que los agrotóxicos culminen en los cursos de agua.”, explicó Álvarez.