"A pesar de que ya existe una Ley de Manejo de Fuegos, este proyecto modificatorio pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país. En efecto, prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio. Esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales. Cabe aclarar, además, que esta nueva prohibición se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la ley de bosques", advierten desde la Comisión de Enlace en un comunicado.

Luego afirman que dichas restricciones afectan el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de los incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero.

"Da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna", remarca el comunicado.

Luego, desde la Comisión de Enlace se manifiestan a favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero advierten que no pueden dejar pasar por alto la invasión al derecho de propiedad, "ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra, en especial cuando somos víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella".

Esta semana llovieron las críticas de varias organizaciones del campo. Una de ellas fue la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair), que rechazó el proyecto de ley aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación por el cual se busca reformar la Ley nacional 26.815 de manejo del fuego.

Desde la entidad recordaron que la actual normativa establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales, y se aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales.

También señalan que los artículos 22 y 22 bis establecen que el responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá́ la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas vedando las modificaciones en el uso y destino de dichas superficies.

“El actual proyecto de reforma, girado en revisión a la Cámara alta, asume la ineficacia de la Justicia para encontrar a los responsables de los incendios provocados y la incapacidad del Estado de tener un plan y equipamiento eficiente de prevención, manejo y control del fuego”, advierte Cair.

La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se sumó al coro de críticas a la Ley de Fuego. En un duro comunicado, la entidad aseguró que pensaron que se trataba de una broma cuando adelantaron que pensaban prohibir el uso de tierras incendiadas por un plazo de 30 a 60 años. “La Ley de Fuego es el disparate más grande que escuchó este año el campo. Una ley pensada y creada por ignorantes y carente de fundamentos lógicos”, planteó Apronor.

FUENTE CLARÍN