Proponen mesas de diálogo para el buen uso de fitosanitarios

De esta concepción surgen las buenas prácticas agropecuarias, una mirada de ordenamiento que a nivel global orienta la tarea cotidiana. 

Desde 2014 y como una iniciativa público-privada, actualmente son 93 entidades las que componen a la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, como una herramienta fundamental para construir desde el desarrollo sostenible, donde los miembros fundadores son el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a los que se sumaron desde organismos multilaterales, hasta empresas privadas. 

Habiendo atravesado tres diferentes gobiernos ya, sin influencia de este estilo, “el trabajo se da para proponer criterios comunes y promover criterios comunes. La Red tiene documentos y líneas de acción a lo que hace a la implementación en la Argentina, no sólo en cultivos extensivos, que es lo que más está en agenda, sino también otras actividades productivas como ganadería, lechería y también en frutas y hortalizas, para lo cual trabajan diez comisiones técnicas, orientadas a las cadenas productivas, fitosanitarios, fertilizantes, cosecha y algunas más transversales como comunicación, capacitación y normativas”. 

Juan Ignacio Brihet es el coordinador técnico de la Red BPA y en su charla con Agrofy News explicó que desde hace dos años las comisiones de Normativas y Fitosanitarios comenzaron a trabajar en conjunto para poder mejorar “una gran heterogeneidad en normativas dentro del país. Hay provincias muy avanzadas y otras no, hay municipios que han generado legislación con diferentes criterios y otros que no tienen nada”, es por eso que se generó un proyecto inicial de ley que permita conseguir “el mínimo acuerdo posible para ordenar este tema desde la Red”. 

Definiciones locales 
Córdoba, Santa Fe, Corrientes, también Entre Ríos son provincias con más desarrollo en el tema y se suma en los últimos tiempos Buenos Aires, cada una con un modelo provincial que pueden ser incentivos económicos, capacitaciones, comunicación. 

Con ejemplos controversiales en las últimas semanas el territorio santafesino se suma a una tendencia muy vinculada a la política de generar prohibiciones y no ordenamientos normativos para la aplicación de productos. Desde fallos judiciales, hasta proyectos restrictivos, se altera un orden que se debería seguir a partir de la Ley de Productos Fitosanitarios y ordenanzas en municipios y comunas que se adapten a las recomendaciones para todo el territorio, que también aportan ejemplos óptimos para el manejo del tema. 

“La aplicación de las Buenas Prácticas es la base común sobre la cual todos tenemos que pararnos para trabajar en el campo, en la producción primaria y por debajo de estas normas no deberíamos estar”, explica Brihet, apuntando que las provincias son autoridades de aplicación al momento de llegar al territorio, mientras que “los municipios son quienes deben definir su ordenamiento territorial que tiene que estar aprobado por el gobierno provincial”, en tanto esto “no va de la mano de la certificación, que es en definitiva un paso posterior que, sin dudas, ayuda mucho en el proceso porque es una tercera parte que está velando por el cumplimiento”. 

Salvo ejemplos como Cañada Rosquín, Arequito, Casilda, San Vicente, “muchas veces sucede que no hay un espacio que reúna a todos los actores a nivel territorial y se terminan definiendo criterios según quién se involucre en el tema”. 

Es por esto que a través de un proyecto inicial de ley que fuera presentado en noviembre en el Congreso Nacional, se dan los indicios para conseguir “presupuestos mínimos a nivel nacional que a través de una Ley puedan ordenar, controlar y sancionar la gestión y el uso de fitosanitarios”. 

En primer término, el ordenamiento territorial requerirá una actualización de espacios para cada localidad, desde accidentes geográficos, ejido urbano, hasta zonas sensibles y las de amortiguamiento.  

Básicamente se propone una distancia de diez metros desde los límites mencionados para las aplicaciones terrestres y 45 metros de distancia para las aplicaciones aéreas, esto surge de la experiencia técnica con la que cuenta el país, más allá de la legislación comparada con otros países, como es el caso de la Unión Europea en la que se habla de distancias de cero, cinco, treinta o cincuenta metros como máximo. 

En una experiencia que recorrió con todas las condiciones climáticas a todos los territorios en 69 jornadas, se aportó la distancia promedio para definir las áreas sensibles, mientras que las áreas de amortiguamiento o transición para trabajar con recaudos específico y que son las que se deben definir también por los municipios y las mesas de diálogo local, que debe estar conformada por legisladores, vecinos, productores, comerciantes y demás involucrados para aportar todas las voces a la hora de definir una normativa local. 

“Tener herramientas para legislar” dice Brihet sobre la necesidad de generar una mesa de diálogo que recomiende una distancia respecto a los límites de cada localidad y ya en la zona de amortiguamiento poder trabajar con criterios eficientes, donde se contemplen las condiciones ambientales, las regulaciones de los equipos, señalética, obligatoriedad de recetas sanitarias, fiscalizadores para el control de las aplicaciones con poder de sanción. 

“El proyecto de la Red no sólo pretende ordenar un tema que nos preocupa a todos, en cuanto a todas las aplicaciones en todo el territorio, sino también lo que hace es controlar a través de los registros de aplicadores, de productores, de asesores, previendo sanciones en caso que las normas no se cumplan”, agregó sobre la intención para gestar una ley que ya se acercó al Ministerio de Agricultura, pero también en diferentes espacios políticos, mientras se sigue trabajando con las provincias y todos los actores involucrados en el tema. 

La distancia importa 
Brihet explicó que con un entramado público-privado se lograron reunir los argumentos necesarios para definir las distancias recomendadas, en los que acordaron por parte del Estado, el INTA, el Senasa y los Ministerios de Agricultura y Medioambiente, además de acopiadores, aplicadores y colegios profesionales, para que esta intención cumpla un proceso de maduración para su aprobación en el Congreso Nacional, teniendo en cuenta que son más de 90 entidades las intervinientes. 

“De la mano de este tema muchas veces discutimos sobre los sistemas de producción, pero lo primero que tenemos que hacer es ordenar a todas las áreas productivas, profesionalizar la actividad y controlar para eventualmente sancionar. Cómo se produce es otra cosa, pero si se usan fitosanitarios hay que saber cómo hacerlo, sin ir en contra de ningún sistema productivo”. 

Contraponer a la agricultura tradicional con la agroecología es una contradicción más de las tantas que tiene Argentina. Para el Coordinador de la Red de BPA, “tenemos que darnos cuenta que tenemos sistemas que son complementarios, porque quienes hasta hace algunos años pensaban de una sola manera, hoy ya están incorporando cultivos de cobertura, rotaciones, componentes biológicos, ensayos de manejo y eficiencia, cuidado de los suelos. Por eso no es una cosa o la otra, pero todo depende de una elección de hacia dónde queremos ir como país, no sólo con el trigo, sino con la pera del Alto Valle, o la yerba mate de Misiones. Por eso el mayor impacto del proyecto apunta a las economías regionales, porque el ordenamiento tendrá un impacto aún mayor”. 

Claramente la Justicia ha tomado intervención en muchos casos, definiendo prohibiciones en localidades completas, con mil metros de distancia desde la zona urbana por errores puntuales de productores. Sin embargo, se mezcla siempre en estas cuestiones lo que se conoce como el principio precautorio, que sin prueba científica consistente puede generar una medida de protección ante la posibilidad de afectar a la salud pública o el medio ambiente. 

Sin embargo, “si tomamos a la legislación argentina sobre el uso de fitosanitarios, encontramos que el sustento técnico nos da como resultado a las distancias como base mínima, por eso los metros tienen que salir de la discusión, porque si las cosas no se hacen bien el efecto negativo va a ser el mismo, cerca o lejos de las viviendas. Los legisladores deben dar herramientas concretas a la Justicia para hacer efectivo el cumplimiento y sus sanciones”. 

Más comunicación 
“En el proceso productivo, la cara visible es la del productor, que es un actor más en todo esto, porque detrás hay todo un sistema agroindustrial que está vinculado a la sociedad y a toda la comunidad. Es un sistema integrado que nos incluye a todos, también a los consumidores, por lo tanto, entendiéndolo así vamos a llegar a mejor puerto que mirando a una sola figura que en general termina siendo retórica”, explicó Brihet, para intentar abrir las miradas sobre un tema que tiene en nuestro país una única dirección en la que se demoniza a una actividad, que coincidentemente es la que termina sosteniendo a la economía. 

Desde la Red de BPA remarcan que, a pesar de los embates, “Argentina es líder en producción y adopción de tecnologías a nivel mundial, con un sistema agroindustrial muy eficiente y muy competitivo, aunque haya desventajas sobre todo en los últimos años. El sector no se dedicó a la comunicación de todo esto, sino a producir, entonces con una sociedad global más exigente, más preocupada por una buena práctica social, económica y ambiental, entonces al integrar esas dimensiones se marca la desinformación, el desconocimiento de los procesos y la importancia del rol de cada uno para vincularnos y comprometernos a sumar al diálogo con la sociedad que tiene una preocupación genuina sobre el impacto en los alimentos”. 

El campo está en el día a día de todos, en cada alimento, en cada producto y ese combate constante a la producción no sólo daña a quienes la protagonizan, sino que impactan en el acceso a los nutrientes fundamentales para la vida, sin descuidar el impacto ambiental, sino también socio-económico. Jamás puede ser una cosa o la otra, no es el tambo o la huerta orgánica, tienen que ser ambas cosas, con reglas claras, con controles y castigos para quienes no las cumplan.

Fuente: Agrofy News