El escenario tributario que los tamberos argentinos necesitan cambiar

A partir de un trabajo elaborado por la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) hizo pública la compleja realidad que atraviesa el sector tambero en materia tributaria. El diagnóstico es contundente: la presión impositiva resulta asfixiante y tiene su mayor peso en el nivel nacional, tanto por la cantidad de tributos involucrados como por su impacto directo sobre la rentabilidad.

El informe da cuenta de que un tambo argentino debe afrontar al menos 37 impuestos anuales, distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal, lo que puede representar hasta el 42% de las ventas brutas de una empresa. Si bien el entramado fiscal es amplio y fragmentado, la mayor parte de la carga se explica por impuestos nacionales, administrados por ARCA (ex AFIP), que inciden de manera estructural sobre los costos y los márgenes del sector.

Las entidades advierten que, a enero de 2026, el escenario productivo presenta claroscuros. Por un lado, se observa un crecimiento sostenido de la producción, impulsado por mejoras en eficiencia, incorporación tecnológica y condiciones climáticas favorables, con proyecciones positivas para el año en curso. Por otro, se enciende una señal de alerta sobre la rentabilidad: la presión fiscal nacional, sumada al resto de los costos, erosiona los márgenes y pone en riesgo la sustentabilidad de la actividad, especialmente en un contexto de menor inflación, donde los desajustes impositivos se vuelven más visibles.

En ese marco, Meprolsafe y Carsfe detectaron, a partir del diálogo con productores y otros eslabones de la cadena, una situación crítica: niveles de informalidad superiores al 40%, tanto en ventas como en compras y empleo, además de la presencia de productos fraudulentos en el mercado. Si bien las entidades remarcan que la presión fiscal no justifica prácticas ilegales, advierten que la magnitud y complejidad del esquema impositivo, especialmente a nivel nacional, actúa como un fuerte incentivo a la informalidad.

«Un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre Nación, provincias y municipios», señalaron desde Carsfe, entidad adherida a CRA. «Pero es innegable que el grueso de la carga proviene de impuestos nacionales, que se aplican de manera acumulativa y, en muchos casos, generan impuesto sobre impuesto».

Impuestos nacionales: el núcleo de la presión fiscal

Dentro del conjunto de tributos que afronta una empresa tambera —al menos 37 anuales—, los impuestos nacionales representan el mayor impacto económico sobre la actividad, tanto por su incidencia directa sobre las ventas como por su efecto acumulativo sobre los costos, y son administrados por ARCA (ex AFIP).

Entre ellos se destaca el Impuesto a las Ganancias, que grava la utilidad neta de sociedades y personas físicas mediante una escala progresiva que, en 2026, oscila entre el 25% y el 35%, alcanzando su alícuota máxima para rentas superiores a aproximadamente $347 millones. Desde las entidades señalan que se trata de un impuesto “justo en su concepción”, aunque advierten que su impacto se vuelve crítico en un esquema tributario desordenado y con múltiples tributos superpuestos.

A ello se suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una alícuota general del 21% sobre las ventas, y una tasa reducida del 10,5% para determinadas actividades. Meprolsafe y Carsfe plantean la necesidad de revisar este impuesto para estimular el consumo de productos lácteos, hoy afectado por los altos precios al consumidor.

Otro tributo de fuerte impacto es el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, que grava los movimientos en cuentas corrientes. Las entidades advierten que su aplicación reiterada genera situaciones de “impuesto sobre impuesto”, por lo que solicitan directamente su eliminación.

En el mismo nivel se encuentran el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que se pagan cada vez que se carga nafta o gasoil, encareciendo los costos logísticos y productivos. “Su eliminación para los consumidores favorecería los sistemas productivos y el consumo”, señalaron.

También se mencionan los impuestos internos sobre tecnología y productos electrónicos, considerados un freno directo a la incorporación de innovación y eficiencia en los procesos productivos, por lo que se propone su eliminación para facilitar la modernización del sector.

Respecto de las cargas sociales, las entidades plantean la necesidad de avanzar hacia un sistema más moderno y menos distorsivo. En cuanto a los regímenes de retenciones y percepciones, que funcionan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA, el reclamo es categórico: su eliminación, para que cada contribuyente pague lo que corresponde y se facilite el control directo por parte del Estado. En este punto, se valoró la herramienta del Monotributo, aunque se reclamaron mayores controles ante maniobras de evasión.

 
Provincias y municipios 

En el ámbito provincial, los tributos con mayor incidencia son Ingresos Brutos (IIBB), que gravan la facturación bruta con alícuotas que suelen ubicarse entre el 1,5% y el 5%, según la jurisdicción y la actividad, afectando los ingresos independientemente de la rentabilidad real. A estos se suman el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario Rural, que incrementan la presión sobre las explotaciones productivas.

Finalmente, las tasas municipales aplicadas por los gobiernos locales completan el esquema tributario. Según advierten las entidades, estos tributos se cobran, en muchos casos, sin una contraprestación efectiva de servicios, lo que profundiza la sensación de carga fiscal sin retorno para el productor.