Un 20% de los feedlots inscriptos como tal en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no podrán tomar los créditos destinados por el Gobierno para esta actividad con el fin de ayudar al proceso de engorde vía la compra de alimento. El motivo: esos establecimientos también producen soja o trigo y una normativa del Banco Central (BCRA) traba el financiamiento a tasas subsidiadas a quienes realizan esas producciones al encontrarse anotados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) de la AFIP.

Hace dos semanas, el Banco Nación y el Ministerio de Agricultura de la Nación dieron a conocer una línea por $10.000 millones para que los feedlots puedan acceder a capital de trabajo y la compra de un insumo clave como el maíz. El monto máximo por destinatario es de $10 millones (unos $9000 por cabeza de hacienda que sirven para cubrir media tonelada de maíz). Su tasa es del 30%, pero con un subsidio del Fondagro, del Ministerio de Agricultura de la Nación, queda en el 25%. Su plazo es a 120 días, considerando el ciclo de engorde del animal.
En el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) del Senasa hay unos 2100 establecimientos anotados como feedlots. Los hay de empresas de la actividad como tal del engorde pero también de productores que poseen un establecimiento. De esa cantidad, fuentes del sector privado coincidieron que un 20% no podrá acceder al crédito por la restricción del BCRA y encontrarse en el SISA. En el Banco Nación remarcaron que la línea “solo es para feedloteros”.

Hace un tiempo, el Central puso como requisito para acceder a tasas subsidiadas de líneas de Inversión Productiva no tener en stock más de un 5% de soja o trigo. Lo hizo para forzar a los productores a vender sus granos en lugar de financiarse con esos préstamos. Después, en abril último se puso en vigor una nueva normativa que dice para las líneas de Inversión Productiva Mipyme: “Se encuentran excluidas las Mipyme con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” con acopio de producción de trigo y/o soja, excepto que estén categorizadas como microempresas –según la definición de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores– y el valor de ese acopio no supere el 5% de su capacidad de cosecha anual, estimada en base a los rendimientos publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) (superficie declarada en el SISA por el rendimiento promedio publicado por el MAGyP para cada cultivo)”.

Por esa restricción, el feedlot que tiene como actividad también trigo o soja no puede tomar el crédito anunciado para la actividad. La excepción sería que facture menos de $30 millones como microempresa, algo que en el sector sostienen no es la generalidad del rubro.

El Banco Nación puso a disposición de los feedlots una línea por $10.000 millonesMaria Amasanti - La Nación

“Los requisitos para acceder a esta línea del Banco Nación que ya está disponible son estar inscriptos en el Registro Nacional de Feedloteros del Senasa y que la sociedad o persona física que la soliciten no estén como productores de trigo ni de soja. El productor que figura en los dos registros no va poder acceder a esta financiación. Esta condición va en línea con el propósito que viene llevando adelante el gobierno nacional en el sentido de impulsar las ventas de granos para aumentar el ingreso de divisas al país, que se retrasaría con una financiación blanda del 25% anual”, dijo Martín Nava, especialista en financiación de AZ-Group.

Más allá de la traba que se presenta, Nava destacó de la línea que “una característica importante es que la amortización recurre al sistema americano, es decir el 100% del capital y de los intereses se pagan al vencimiento del plazo establecido, que puede llegar hasta 120 días”.

Según pudo saber este medio, empresarios del sector han conversado con el Gobierno sobre los establecimientos que quedarían al margen de la posibilidad de tomar el crédito. Se ve difícil hasta el momento un cambio en la normativa para facilitar el acceso.

Fuente: La Nación