Jorge Hilbert, técnico del INTA, y Luciano Caratori, de la Fundación Torcuato Di Tella, analizaron que con la actual capacidad instalada de producción de bioetanol y biodiésel se podrían reducir las emisiones entre el 4,5% y el 8%. Vale recordar que el país asumió el compromiso de una baja total del 26% para 2030.

El volumen implicaría una reducción de 19,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que puede ser comparado con la emisión de 2,38 millones de argentinos en todo un año, sobre la base de los datos disponibles para 2016.

Un proyecto del oficialismo reduce los cortes obligatorios con biocombustibles elaborados en base a biodiésel de soja, de 10 a 5%. Mantiene en 12% el uso de etanol, aunque con la posibilidad de bajarlo a 9% con una merma absorbida por el etanol de maíz. La iniciativa consiguió dictamen en el Senado con la oposición de los senadores de Córdoba y Santa Fe, los distritos más golpeados por la decisión. La iniciativa -que tiene media sanción de Diputados- va en contra de los compromisos asumidos por el país a nivel internacional.

El documento de los investigadores subraya que hay una aceleración de “cambios profundos en los modos de comercio, industria y energía a nivel mundial, con impacto en la competitividad de las empresas y de los países” y que las políticas que adopte Argentina en los sectores energéticos productivos determinarán su competitividad.

Los biocombustibles deben evolucionar también para acompañar el proceso, “no meramente mediante la sustitución gradual de los combustibles fósiles, sino ocupando un lugar relevante en el nuevo planteo del uso de la energía”, que incluye no sólo la adopción de nuevas tecnologías, sino también cambios de uso y comportamiento de la gente.

Mencionaron el caso de Brasil -líder en la producción de biocombustible- que hace poco aprobó el programa “Combustível do Futuro” con el que pretende dar “una clara señal al mercado sobre la planificación energética del gobierno federal para la descarbonización del sector del transporte”.

Hilbert y Caratori señalaron que los cálculos de su informe son dinámicos pero insisten en el aporte para la descarbonización y reducción de emisiones que hacen los biocombustibles líquidos es “muy significativo con una mínima inversión y una generación de desarrollo empleo distribuido federalmente en muchas provincias del país”.

Los biocombustibles gaseosos como el biometano también tendrían un impacto considerable con una inversión intra-fronteras reducida si se la compara con la cantidad de recursos que el Estado invierte en importación y subsidios al gas fósil actualmente utilizado. Esta tecnología también tendría considerables impactos indirectos debido a la reducción de uso de fertilizantes de origen fósil y la posibilidad de incremento del secuestro de carbono en suelos.

Aunque el trabajo hace foco en la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera atendiendo a los compromisos para combatir el cambio climático, plantea que el uso extendido de los biocombustibles tiene otros efectos producto de la mejora en los gases de escape de los vehículos, como una “marcada” baja en los particulados causantes de cáncer de pulmón en las grandes concentraciones urbanas menores a 10 micrones, así como monóxido de carbono (CO) y óxidos de azufre (SOx).

Además, en comparación con el diésel obtenido a partir de combustibles fósiles posee mayor número de cetano, punto de inflamabilidad y mejores características lubricantes sin variantes en el calor de combustión.

En el caso del bioetanol reemplaza al aditivo metil tert-butil éter que actualmente se está eliminando debido a la contaminación del agua subterránea, por lo tanto el etanol “se convierte en un atractivo aditivo alternativo”. También al incrementar los porcentajes en mezclas se reduce el porcentaje de monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2).

“La Argentina tienen una oportunidad significativa para aprovechar sus ventajas comparativas para la generación y uso de diferentes biocombustibles con tecnologías ya conocidas y presentes en el país lo cual garantiza un mayor desarrollo y una menor dependencia de factores externos. Se trata de una solución ganar-ganar que contribuye al mismo tiempo a varios indicadores de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas”, indica el documento en uno de sus apartados.

Fuente: La Nación