La resolución del organismo saldría entre mañana y pasado. Asimismo, se decidió aumentar el precio alrededor de un 20% para el biodiésel y de un 8% para el bioetanol.

Hoy el biodiésel de soja se mezcla en un 10% en el gasoil mientras que el etanol de caña de azúcar y maíz se hace en un 12% en las naftas. El nuevo proyecto de ley en el Congreso baja al 5% el uso de biodiésel en el gasoil y mantiene en 12% el etanol, que podría reducirse al 9% pero con una merma absorbida por el etanol de maíz, no el de caña de azúcar.

En este contexto, en el sector de los biocombustibles advierten que esta disposición “consolida” un futuro de cierre de plantas de biodiésel y la baja de unos 1000 empleados directos e indirectos de los 2000 que tienen las 33 plantas de biodiésel que existen en el país, de las cuales 28 abastecen el mercado interno.

“Con el cuchillo en el abdomen, los productores, al borde de la quiebra, firmaron un acuerdo con el Gobierno. No tienen capacidad de negociación porque están fundidos y entre cerrar la fábrica y un mal arreglo prefieren arreglar y se conforman con esa reducción del 5%. Saben que es eso o nada. No es justo”, indicó a LA NACION Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

Para el sector, la clave para que el negocio funcione medianamente es el corte. Desde 2006, fecha en que se instrumentó la ley que promociona el uso de los biocombustibles, por el principio de progresividad, fue creciendo en los cortes obligatorios.

Según contó el ejecutivo, fue durante el gobierno de Cristina Kirchner que los cortes obligatorios de biodiésel y de etanol se elevaron a esos porcentuales y después, el presidente Mauricio Macri subió al 12% al etanol.

“Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández hasta la actualidad, nunca se cumplió y se desconoció en la práctica ese porcentual, que fue en promedio menor al 4%. Tampoco desde diciembre de 2019 a octubre del 2020 no se actualizó el precio”, dijo Molina.

A principio de 2021, la industria, que ya estaba en crisis, acordó con el Gobierno para los primeros cinco meses del año (venció en mayo pasado) una recomposición paulatina del 90,7% para el biodiésel y del 55,7% para el bioetanol, pero esta actualización tampoco fue capaz de frenar la caída de producción.

En esa negociación se habló que el corte debía volver al 10%, pero en los últimos meses, la industria que abastece el mercado interno “estuvo prácticamente parada”. De una producción de 100.000 toneladas, “en mayo pasado fue de solo 17.000 toneladas y desde junio está totalmente parada”.

Fuentes del sector alertaron que en el nuevo proyecto del oficialismo, que ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Energía y de Presupuesto en la Cámara de Diputados, existe una cláusula en el inciso g donde se le da amplias facultades a la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, “para intervenir los mercados granarios en caso de falta de producción”, con un rol netamente intervencionista.

Vale recordar que en octubre pasado el Senado aprobó la extensión del actual régimen de promoción hasta 2024 pero en Diputados no prosperó. “Esto es gravísimo porque puede convertirse en una profundización de la ley de abastecimiento o en una pequeña Junta Nacional de Granos “, enfatizaron.

Por último, Molina resaltó la grieta interna que existe entre las diferentes cámaras de la actividad, donde nunca hubo solidaridad entre ellas. Además, insistió que de prosperar la nueva ley habrá “una ola de judicialización en contra de esa normativa”. LA NACION intentó conocer la opinión de la Secretaria de Energía pero no obtuvo respuesta.

Denuncia

Días atrás, en un comunicado, la Cámara Santafesina de Energía Renovables (Casfer) y la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) denunciaron al Gobierno por no publicar el precio de venta del biodiésel, discriminando de manera arbitraria al sector.

“El Gobierno, una vez más, decidió de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria, no determinar ni publicar el precio de venta de este biocombustible ni exigir el cumplimiento de los porcentajes legales de corte obligatorio de biodiésel con gasoil, en abierta violación a lo dispuesto por la ley 26.093”, enfatizaron.

En este contexto, remarcaron que esta situación generó una paralización de la industria: “Acrecentó y agravó aún más la crisis económica del sector, colocándolo en un estado terminal”. Por otra parte, responsabilizaron al Poder Ejecutivo por los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica, se generaron.

Fuente: La Nación