Con la bioeconomía es mejor

En la industria de bioetanol hacen un cálculo simple: de los 820.000 metros cúbicos que tienen de capacidad instalada para abastecer el mercado interno, solo serán necesarios utilizar 400.000 m3 si prosperan las iniciativas que trascendieron

La frase que define a la producción agropecuaria en todo el mundo como la que provee de alimentos, fibra y energía está por cambiar de significado en la Argentina. Gracias a los vaivenes de las políticas de corto plazo, a la palabra “energía” se le debería añadir “sí, pero poca”.

A eso se llegará si prospera un proyecto de ley que se le atribuye al jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, que reemplazaría la actual norma que promueve el desarrollo de los biocombustibles, vigente desde 2006, y que vence en mayo próximo.

Hay un trasfondo de intereses económicos, fundamentalmente del negocio refinador de los combustibles líquidos, y de juego político detrás del freno a la prórroga de la ley. El Senado ya la había aprobado el año pasado, pero cuando se disponía a hacerlo la Cámara de Diputados, ese poder de fuego actuó y la detuvo. Tan bien se movió que logró elaborar un proyecto, por ahora conocido por trascendidos, que en esencia hace inviable a gran parte de la industria de los biocombustibles, especialmente a la de etanol de maíz.

En un primer borrador, se establecía que el corte de etanol en las naftas pasaba del actual 12% al 7,5%. Luego se dijo que iba a quedar en 10%, pero en un cupo compartido con el etanol de caña de azúcar. En la industria de bioetanol hacen un cálculo simple: de los 820.000 metros cúbicos que tienen de capacidad instalada para abastecer el mercado interno, solo serán necesarios utilizar 400.000 m3 si prosperan las iniciativas que trascendieron.

“Esto va a ser parecido a la ley de alquileres”, advierte Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz en referencia a la norma que, se suponía, iba a beneficiar a los inquilinos y provocó un aumento de 50% en los alquileres.

En un primer borrador, se establecía que el corte de etanol en las naftas pasaba del actual 12% al 7,5%. Luego se dijo que iba a quedar en 10%, pero en un cupo compartido con el etanol de caña de azúcar. En la industria de bioetanol hacen un cálculo simple: de los 820.000 metros cúbicos que tienen de capacidad instalada para abastecer el mercado interno, solo serán necesarios utilizar 400.000 m3 si prosperan las iniciativas que trascendieron.

Eso, a su vez, provoca el otro gran impacto que tiene la industria de los biocombustibles: el desarrollo local. Hay un racimo de industrias que crece alrededor de la economía circular del maíz. Para la producción, además, hay otra ventaja, destacan los especialistas. “Un productor que hace maíz a 400 kilómetros de los puertos del Paraná no tiene a la exportación como única opción para vender sus granos, ya tiene otro posible comprador con el etano”, dicen. “El flete al puerto en muchas regiones hoy hace inviable al maíz”, señalan.

“Los biocombustibles pueden generar, además de tecnología y conocimiento, economías circulares de alta calidad en provincias muy pobres. La bioeconomía es una enorme oportunidad para la Argentina”, dijo Fabio Quetglás, diputado de Juntos por el Cambio e integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja en una de las discusiones legislativas.

Otro de los riesgos de cortar a los biocombustibles de la matriz energética es no cumplir con los compromisos que tomó la Argentina como parte del Acuerdo de París en 2016 sobre cambio climático por el cual debería reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. “Uno de los principios de la ley 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global es el de progresividad. La reducción de emisión de gases tiene que ser cada vez mayor”, destaca un especialista de la actividad.

“La Argentina no debe retroceder en el corte de combustibles a nuestras naftas y gasoil. Si lo hiciésemos, seríamos un caso inédito en el mundo”, señaló Quetglás.

Como todo régimen de promoción que incluye reducciones de impuestos o cupos de producción administrados por el Estado se corre el riesgo de abrirle la puerta a las zonas grises y a las arbitrariedades. Para evitar eso, en la industria habían propuesto una prórroga de ley por un período corto, seis meses, para debatir en ese lapso, con argumentos y evidencias claras, una nueva ley. Así, quienes objetan las asimetrías, sean reales o no, también tendrían la posibilidad de exhibir sus datos. Pero en el país las discusiones muy rara vez se hacen con datos en la mano y en forma transparente. Se prefiere actuar en las sombras para lograr los beneficios sectoriales.

El debate de fondo es si el país quiere entrar de lleno en la era de la economía verde y de la bioeconomía o si seguirá alineada a los antiguos patrones de producción.

FUENTE. LA NACIÓN