Desde hace algún tiempo, el sector agropecuario argentino viene aportando buena parte de su producción -dependiendo la intensidad de la actividad agropecuaria que se trate-, para resolver problemas y crisis económicas y sociales a las cuales se enfrentan los sucesivos gobiernos y la sociedad argentina. 

Claro está, que aquello que se fue estableciendo como una medida o situación circunstancial, siempre fue transformado en permanente, por la negación a reconocer que no se trata de cuestiones coyunturales, sino de la incapacidad para asumir la realidad de la economía nacional y su relación con la economía global. Y así, con velocidad se acude una y otra vez a la misma “caja de herramientas”, e invariablemente, se recurre al sector agropecuario, como si se tratase de una fuente de inagotables recursos. 

Se emplean diversas denominaciones, tales como “aportes patrióticos”, o “impuestos solidarios”, de acuerdo al sesgo político del momento, y se apela al espíritu nacional o a la solidaridad para comprometer a los afectados y generar esperanzas de una vida mejor a la sociedad toda. Curioso, porque tal vez nada refleja mejor al campo argentino que la vinculación con las tradiciones que nos forjaron como nación, o esa actitud generosa de desprendida ayuda, resumida en la palabra “gauchada”, al punto que su uso se generalizó en todos los ámbitos de nuestra cultura como sinónimo de solidaridad, por lo cual, ¡qué nos van a hablar a nosotros de solidaridad! 

Pero tanto en los aspectos económicos como en los sociales o humanos, quienes nos gobiernan tendrían que incluir en el análisis y la aplicación de sus iniciativas, la imprescindible equidad, que en pocas palabras, implica que cada individuo de la sociedad obtenga retribución de acuerdo al aporte o esfuerzo que realiza. 

Lamentablemente, del campo se obtienen recursos que no vuelven nunca a sus actores, ni como retribución económica, o como infraestructura o en servicios; en cambio, son derivados hacia “políticas sociales” que no logran ningún efecto transformador real o bien, como lo indica la experiencia, se pierden en la maraña burocrática de un estado que no encuentra nunca el camino del verdadero desarrollo económico y social, o en la triste y comprobada realidad de la corrupción generalizada que nos agobia. 

Lo cierto es que en el campo, “moneda que se va, es moneda que no vuelve”. Y así, de manera lenta pero constante, con las monedas de los “derechos de exportación” o de los “precios máximos”, de los tipos de cambio desdoblados o los impuestos que se superponen sobre una misma actividad, por sólo nombrar algunas “iniciativas solidarias”, se concentra la “inversión social” en los conglomerados urbanos, con mínima o nula acción y aplicación en el ámbito rural o en sus poblaciones. 

Ese abandono de la comunidad rural es inequidad. Porque, sólo por ejemplificar, con los derechos de exportación (o lisa y llanamente, retenciones) aplicadas en el año 2020 sobre el producto agrícola del Departamento San Justo de la provincia de Santa Fe (ver Cuadro 1), se podrían haber construido 60 km de ruta asfaltada o 1.791 km de caminos mejorados con ripio (ver Cuadro 2). 

También se podría hacer el ejercicio calculando líneas de electrificación rural, escuelas, centros sanitarios para la atención primaria de la salud, ambulancias o dedicar recursos a la prevención y asistencia ante los crecientes y graves problemas de seguridad que aquejan a los pobladores y productores rurales, ya sea por el extendido abigeato o los violentos episodios de robos que se repiten en el interior. Otra inversión significativa, podría ser la de ayudar a capacitar a los actuales y futuros operarios de la increíble evolución tecnológica que se vive en la producción agropecuaria, facilitando su inserción laboral en un ámbito que se transforma a pasos agigantados. 

Atender estos y otros problemas, además de un acto de verdadera justicia, podría frenar y revertir el éxodo rural, pero especialmente, promover el crecimiento continuo de la producción agropecuaria, pilar indiscutido de la economía nacional y palanca para el desarrollo de una agroindustria que puede desarrollarse sobre la base de la innovación. 

Pero para que eso sea posible, es indispensable que se considere al campo, su industria y su gente, tanto para el aporte como para la distribución, que su potencial sea acompañado por los gobernantes y genere condiciones de confianza y de infraestructura que promueva la inversión productiva y la actitud siempre generosa de los habitantes del interior, siempre proclives a la gauchada. 

FUENTE: RAFAELA NOTICIAS