CRA difundió un comunicado a través del cual fija su posición acerca del Proyecto de Reforma Judicial que se está discutiendo en el Congreso Nacional: "No se trata de restarle valor a un pilar esencial de la República, la Justicia lo es y es clara su trascendencia, solo que el momento no es el indicado, hay urgencias que nos interpelan en el día a día y ellas, no están resueltas" resaltan desde la entidad

Desde Confederaciones Rurales Argentinas nos parece totalmente inoportuno el momento elegido, en tiempos en donde la pandemia y la crisis económica derivada de la misma, merecen que el Gobierno no derroche, ni tiempo, ni recursos, ni discusiones políticas encendidas, cuando todos necesitamos consensos, unidad y criterios compartidos para salir del agobio en el que nos encontramos.

La reforma judicial propuesta, requiere un muy importante financiamiento, porque se trata de agregar a lo existente, nuevos Juzgados, Jueces, Fiscales, Defensores, Secretarías y demás, este gasto resulta hoy incompatible con la crisis económica que vivimos y que no sabemos cuándo y cómo habrá de concluir.

No se trata de restarle valor a un pilar esencial de la República, la Justicia lo es y es clara su trascendencia, solo que el momento no es el indicado, hay urgencias que nos interpelan en el día a día y ellas, no están resueltas.

Toda la energía del Gobierno, los actores políticos, las instituciones y la sociedad, deben estar puestas al servicio de lograr consensos en políticas públicas, que ordenen la macroeconomía, superen la recesión, generen empleo y divisas, reduzcan el déficit fiscal y mejoren las condiciones de vida y seguridad de los ciudadanos.

Confiamos en que a futuro, habrá mejores condiciones para un tratamiento sosegado, participativo y consensuado de la reforma propuesta, que nos permita visualizar necesidad en el marco de un desarrollo más armónico de nuestros gravísimos problemas económicos.

 El reclamo popular, no es de mayores gastos, es de una justicia independiente del poder político, comprometida solamente con la estricta aplicación de la ley, llevada adelante por jueces probos y ello se puede concebir sin grandes recursos económicos -de los que carecemos- solo con dejar funcionar plenamente y sin interferencias las actuales Instituciones de la República y respetando, en todo, a la Constitución Nacional.