Por Lic. Gonzalo Saglione

FUENTE: DIARIO EL LITORAL

Mucho se ha dicho y escrito sobre el impacto económico de los derechos a la exportación (retenciones) que se aplican sobre el poroto de soja. En el presente artículo, no se indaga sobre el efecto de las retenciones en la rentabilidad sectorial sino en el impacto negativo que dicho tributo genera sobre la configuración de un país más federal.

A diferencia de otros impuestos en los que el contribuyente tiene que destinar una parte de sus ingresos para dar cumplimiento a su obligación tributaria, en el caso de las retenciones (derechos de exportación) el impuesto actúa reduciendo el ingreso percibido por el productor. El "pago" del impuesto por parte del productor sojero es menos visible, ya que asume la forma de ingreso no percibido. En presencia de retenciones, el ingreso percibido por la venta de una cantidad dada de soja es inferior al que se hubiese recibido si éstas no existieran.

La norma hoy vigente define la aplicación de un derecho a la exportación de soja del 33%. Es decir, por cada U$ S 100 exportados, U$ S 67 quedan en manos del exportador y U$ S 33 en manos del Estado nacional (que no lo coparticipa con los gobiernos locales).

Apelando a la simplificación, podemos plantear que si una tonelada de soja se puede exportar a U$ S 500 y el tipo de cambio (precio del U$ S) es de $ 85, por cada tonelada exportada se debería recibir un ingreso de $ 42.500. Sin embargo, al aplicarse derechos a la exportación, se recibe $ 28.475. Como el exportador recibe un menor monto por cada tonelada exportada, traslada esa retención al precio que paga al productor sojero (traslación regresiva, hacia atrás en la cadena de valor, del impuesto).

Para la actual campaña 2020/21, se estima que la economía santafesina producirá aproximadamente 10 millones de toneladas de soja, suponiendo una superficie sembrada de 3 millones de hectáreas y un rinde promedio de 3,4 toneladas por hectárea.

En base a estos parámetros de cálculo, el ingreso "sacrificado" por los productores santafesinos a causa de la aplicación de las retenciones a las exportaciones de soja se sitúa en torno de los $ 140.000 millones. Esa es la masa de recursos que dejan de recibir los productores santafesinos y, por ende, la economía santafesina en su conjunto.

Si esos $ 140.000 millones llegaran a manos de los productores agropecuarios santafesinos, con tales recursos tomarían decisiones de consumo, ahorro e inversión que necesariamente impactarían positivamente sobre el resto de los sectores de la economía provincial. Sin embargo, por efecto de las retenciones, tales fondos se destinan a financiar los gastos del presupuesto nacional.

Ahora bien, si la distribución del gasto público nacional compensara a la economía santafesina por esa significativa extracción de recursos que suponen las retenciones sojeras, el debate se centraría en los intereses sectoriales del sector agrícola respecto de otros sectores de la economía beneficiados por el gasto público que con su recaudación se financia.

Sin embargo, una simple observación del presupuesto nacional 2021 nos permite afirmar que tal compensación en favor de la economía santafesina no existe.

Si observamos, por ejemplo, que la inversión pública proyectada para todo el 2021 por parte del gobierno nacional asciende a $ 18.472 millones, lejos está eso de compensar los $ 140.000 millones de ingreso sacrificado por los productores santafesinos. Dicho monto representa 7,5 veces la inversión que el este año tiene presupuestado el gobierno nacional en territorio provincial.

La comparación se agrava si se realiza con lo efectivamente invertido durante 2020. Según datos de ASAP, al 31/10/2020 la inversión pública nacional en Santa Fe ascendió a $ 5.738 millones (obras públicas ejecutadas en forma directa por el gobierno nacional y transferencias de capital al gobierno provincial).

Mientras muchas localidades santafesinas siguen esperando la construcción de acueductos que le provean agua potable de calidad a sus habitantes, desde sus campos se aportan miles de millones de Pesos que se destinan a sostener financieramente las inversiones que AySA ejecuta en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Según datos de ASAP, al 31 de octubre de 2020 el presupuesto nacional asignó $ 6.157 millones a dicha empresa para financiar obras de distribución de agua potable y saneamiento cloacal.

La construcción de un país federal exige abordar estos debates con absoluta claridad, explicitando las millonarias transferencias de recursos que existen desde una región del país hacia otras. La construcción de un país más federal nos obliga a generar las condiciones de vida que eviten un progresivo proceso de migración desde el interior hacia los grandes centros urbanos.

Los santafesinos nos merecemos que estos temas sean debidamente abordados por quienes nos representan.