Terminó el año 2020 y unos 37.000 productores agrícolas recibieron compensaciones por una suma total del orden 6800 millones de pesos. Es poco dinero se tiene en cuenta que un puñado de compañías petroleras el año pasado embolsaron subsidios por más de 43.000 millones de pesos a modo de incentivo para incrementar la producción nacional de gas natural.

 
  
Pero parece que no fue suficiente porque este año la producción argentina de gas se derrumbó como un piano en caída libre. El dato es que la mayor parte de la caída se explica por el recorte de la oferta generada por YPF, compañía controlada por el Estado argentino que, cuando fue expropiada en 2012, iba a transformarse –en los sueños kirchneristas– en la nueva Cajita Feliz, pero terminó siendo un lastre que debe ser subsidiado por todos los habitantes del territorio argentino.

Este año comenzará a regir el Plan Gas.Ar –el quinto programa de subsidios aplicado a esa industria en los últimos ocho años– que reforzará los subsidios aplicados al sector. Felicitaciones.

Pero adicionalmente, junto con el refuerzo de subsidios al sector hidrocarburífero en general y a la compañía YPF en particular, se inicia también una nueva fase de extracción de recursos al sector agroindustrial argentino. Los dos primeros capítulos de esa historia son la intervención del comercio exterior de maíz y el regreso a la vida del fideicomiso aceitero. Seguramente hay más “temporadas” en camino.

La política económica argentina parece diseñada por y para patagónicos. No es casual que los Kirchner sean políticamente oriundos de la provincia de Santa Cruz. Pero el rol del agro en la misma quedó reducido al de aportante compulsivo de recursos. Y a cualquier costo.

El reciente anuncio de “baja” de retenciones a las “economías regionales” es en realidad un combinado de reducciones y subas de alícuotas para diferentes sectores e industrias que, al final del día, probablemente tenga un efecto fiscal neutro al compensar unas con otras. Incluso la decisión de no tocar los derechos de exportación del maní parece un “mojada de oreja” a los cordobeses, tradicionalmente reacios a aceptar la metodología de vasallaje promovida por los K.

Cuando se compara la suerte del sector petrolero con la del agro, los integrantes del primero señalan –con razón– que ninguna nación puede vivir sin energía. Es completamente cierto. Pero también deberían tener en cuenta que un país como la Argentina, endeudado más allá del límite de sus posibilidades y sin acceso al crédito internacional, no puede vivir sin divisas. A menos, claro, que el propósito sea imprimir pesos argentinos hasta el cansancio para llevarnos a una situación similar a la presente actualmente en Venezuela, en la cual la moneda de facto terminó siendo el dólar estadounidense.

Los responsables políticos de lo que está sucediendo son perfectamente identificables: se trata de los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), quienes, ante el avasallamiento del insaciable gobierno central, miran para otro lado como si el problema que tienen entre manos no les concerniera.

El mayor desafío que tiene la Argentina productiva este año excede largamente al campo, porque el apetito descomunal de los actuales administradores del Estado –los reales, no los figurados– no se calmará hasta terminar de deglutir no sólo a grandes corporaciones, sino también a Pymes, profesionales autónomos y monotributistas.

Fuente: Bichos de Campo