"Las autoridades provinciales y locales tienen que definirse, no podemos tener autoridades políticas ambiguas"

NOTICIAS 29 de diciembre de 2020 Por REDACCIÓN
El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y secretario de Carsfe, Ignacio Mántaras, opinó sobre la propuesta de los concejales del PJ de Rafaela (del riñón del gobernador Perotti) de extender el límite agronómico a mil metros.
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Desde hace unas semanas, se conoce en Rafaela que los concejales del justicialismo quieren extender el límite agronómico a mil metros, decisión que ha despertado polémica en varios sectores de la sociedad, pero más que nada, en el sector agropecuario. 
Esta iniciativa, fue analizada por distintos expertos a lo largo de estos días, con una cierta preocupación por las consecuencias que podría traer al sector, que intenta explicar que el problema no pasa por los metros, sino, por las buenas prácticas. 
Diario CASTELLANOS charló mano a mano con el nuevo presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y secretario de Carsfe, Ignacio Mántaras, que hace poco más de dos semanas que está en funciones, en este cargo. Mántaras dijo que “realmente este tipo de ordenanzas que se proponen sin demasiado sustento técnico, sin medir las implicancias económicas y sociales de aplicar ese tipo de medidas, la verdad que nos sorprende, y nos sorprende la irresponsabilidad que se ve en determinada dirigencia política”, sostuvo en primera instancia.
Además, dijo que “también en determinados jueces, porque la Cámara de Rafaela hace poco ha ratificado el fallo de la localidad de Sastre, donde confirma restricciones, límites, arbitrariamente sin demasiado sustento, lo cual es preocupante, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, que tiene más de 300 localidades, el grueso de las localidades de la provincia son producto de las leyes de colonización, son localidades donde los ciudadanos conviven con la ruralidad, obviamente con el transcurso de los años esas localidades van creciendo y hay que convivir, pero los dirigentes rurales no compartimos que se establezcan estos límites excesivamente arbitrarios y en exceso, sin sustentos, cuando justamente tal vez en lo que hay que hacer hincapié y está normado, y lo que hay que controlar habitualmente, es cómo se aplican los fitosanitarios, acá la cuestión es la aplicación de fitosanitarios, mediante buenas prácticas, mediante un ingeniero agrónomo responsable, controlando esa aplicación”, marcó y añadió que “me parece que ese es el camino, de diálogo entre integrantes de la comunidad con los productores, hace falta diálogo, estas medidas justamente son producto del no diálogo, es una política negando el diálogo y estableciendo normas simples, es muy fácil desde el Estado establecer este tipo de normas, arbitrariamente prohibiendo o, en otros niveles estatales, aumentando impuestos o aumentando tasas, o sea, tenés un mensaje de determinados segmentos estatales prohibiendo aumentar los impuestos, aumentar las retenciones, etcétera, cuando del otro lado tenés la ruralidad que requiere infraestructura, requiere conectividad, que quiere producir y sacar la producción de sus campos, y en ese momento, cuando emergencias climáticas, el Estado está ausente y para lo único que aparece aparentemente es para prohibir, aumentar los impuestos, y sancionarte, por lo cual, ahí está faltando diálogo claramente”, contempló Mántaras. 
En relación a los argumentos y a las decisiones de los concejales del PJ, el flamante presidente de la Rural de Santa Fe destacó que “tiene que ver con la irresponsabilidad de ordenanza, no conozco los fundamentos para que concejales propongan esta ordenanza sin haber hecho, primero sustentos técnicos para fundar una legislación de ese estilo que afecta a derechos constitucionales: derechos a la propiedad, al trabajo, al comercio; para un productor, sea propietario o sea arrendatario, este tipo de medidas afecta sus derechos elementales”, dijo y añadió que “en contraposición se alega un derecho a la salud o al ambiente sano, que está garantizado por la Constitución, ahí entramos a analizar en principios precautorios en materia ambiental, que se lo aplica de manera arbitraria, sin criterios lógicos, porque el tema del principio precautorio en materia ambiental, con esa misma lógica, se puede establecer como ordenanza si uno lo traspolara a algún otro ejemplo, digamos otros elementos que son más contaminantes que los fitosanitarios, o los mismos vehículos con motores a explosión genera más contaminación ambiental que los fitosanitarios”, sostuvo. 
Siguiendo esa línea, Mántaras marcó que “entonces, si el principio precautorio que se aplica al agro se aplicara en términos urbanos Rafaela debería prohibir, por ejemplo, la circulación de vehículos a explosión, a combustible, hasta mil metros. Llevando a los extremos sería eso. Si un productor no hizo las cosas bien, deberá ahí estar el Estado y  que se sancione, ahora, prohibir por la posible infracción a la ley a todos los productores parece descabellado. Se está aplicando claramente de manera no objetiva y totalmente idílica. Se está, no solo sancionando sino prohibiendo, sin medir el impacto económico. En las 365 localidades de la provincia, la mitad de Santa Fe, el 30% o más, quedará afuera de producción. Son divisas que la provincia no va a tener, divisas que el país no va a tener, por  lo cual, el impacto económico de estas condiciones hay que analizarlo, supongo que esta concejal lo habrá analizado. También, el INTA se irá de Rafaela, en algún momento, porque encima estas fronteras urbanas, con el crecimiento demográfico con los años, se van extendiendo, o sea que estos mil metros, esa línea, se irá corriendo, en un momento el INTA se tendrá que ir de Rafaela si se aplica el criterio de esta concejal”, calculó. 

Un proyecto inviable
“Es un proyecto inviable, se merece hacer una análisis de manera más responsable. Entré en el debate de la Sociedad Rural de Rafaela, que lo ha abordado de una manera muy ingeniosa, con Norma Bessone a la cabeza, no hubo un discurso de confrontación, sino justamente de diálogo sobre lo que se quiere designar”, destacó el secretario de Carsfe y añadió que “el medir las consecuencias de este tipo de medidas evita un impacto directo en economías familiares, las empresas rurales son empresas familiares, y la verdad que entiendo que no se analiza eso al momento de establecer este tipo de ordenanzas, eso es claramente una irresponsabilidad de la dirigencia política, un desconocimiento de la realidad productiva, de la ruralidad, y tal vez son ordenanzas que se proponen de congraciarse con parte del electorado, en algún punto parecería que son ordenanzas para congraciarse con algunos sectores  a partir del desconocimiento”, finalizó. 

“No” a las autoridades ambiguas
A raíz de todo lo que está aconteciendo y analizando las iniciativas, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe apuntó a las máximas autoridades provinciales, como el mismo gobernador Perotti o bien, el Ministro de la Producción, el rafaelino Daniel Costamagna. “Nosotros pretendemos que las autoridades provinciales y locales, en este tipo de ordenanzas, tienen que expresar la voz, tienen que definirse, no podemos tener autoridades políticas ambiguas, esto en todos los ámbitos. Un gobernador debería pronunciarse, también sus ministros”, dijo Mántaras y agregó que “con Costamagna y las cosas que aporte su discurso, y en eso vamos a trabajar las buenas prácticas agrícolas, esa línea de trabajo entiendo que está encaminada pero cuando se dan estas ordenanzas o proyectos, que toman estado público, no parece haber un mensaje contundente de algún gobernador, porque claramente son ordenanzas que si se llegan a concretar en todos los distritos de la provincia, Santa Fe va a dejar de Santa Fe Productiva y vamos a ser una Santa Fe de espacios verdes, muy bien lo de los espacios verdes pero necesitamos producir, el país necesita crecer, y hay que desatar mensajes claros por parte de las autoridades”, finalizó

FUENTE; DIARIO CASTELLANOS

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